¿Comprendemos la red?

Como era de esperar la impopular ley de economía sostenible ha sido aprobada con amplio acuerdo parlamentario. No sé qué es lo que el PSOE habrá prometido al PP a cambio de su apoyo, pero el acuerdo prueba, una vez más,  que no significa nada que una ley esté muy avalada por el Parlamento (si Rousseau levantara la cabeza). Que la protección de un determinado grupo empresarial y un intercambio de favores entre partidos sean el modus operandi de las legislaciones dista mucho de esa búsqueda del bien común que da legitimidad a nuestras democracias según sus ingenuos impulsores ilustrados. Una lástima.

La ley Sinde es así. La ministra sólo ha actuado siguiendo las presiones de los lobbies de la industria audiovisual, nada más, sin vistas a algún bien social o modelo de sociedad concreto. Los árboles no le han dejado ver el bosque. Antes de legislar sobre Internet, primero hay que entenderla.

Los orígenes de la red datan de aquellos maravillosos 60, cuando la Guerra Fría amenazaba la proposperidad de las potencias Occidentales. El Departamento de Defensa norteamericano financió ARPANET, un sistema de comunicaciones especialmente diseñado para la guerra (o, sencillamente, para suplir el fallo de los nodos de conmutación poco fiables de esa época), pensado para resistir a pesar de fallos. La red ARPA se basaba en estructurar las comunicaciones de un modo no unidireccional. Si tenemos un cable que conecta el punto A con el B, si el cable se daña, el mensaje que parte de A nunca llegará a B. Sin embargo, si tenemos muchas rutas diferentes para llegar de A a B, no pasa nada si alguna de ellas se rompe, porque nuestro mensaje podría seguir otras rutas. He aquí la ideal forma de red. Además, para más fiabilidad, los mensajes no se enviaban de una vez, sino divididos en paquetes. Si tenemos problemas, habrá una mayor probabilidad de que algún fragmento del mensaje llegue al mandarlo fragmentado que si lo mandamos de una vez. Mejor un trozo que nada.

En la actualidad la red mantiene estos principios. Internet es una red de redes, cuyas redes componentes sólo tienen que tener una propiedad común: tener una vía abierta para que las demás puedan entrar y para que ella pueda salir a las demás. La esencia de Internet reside en su extrema comunicabilidad, por constituir el perfecto paradigma del laissez faire de los fisiócratas del XVIII. En este sentido, es el cumplimiento del ideal universalista y cosmopolita de la Ilustración. Los caducos estados-nación surgidos de la Edad Media y cuyo concepto sólo ha causado exclusión y hostilidades son superados por la red, precisamente, porque ésta no tiene fronteras, deja el paso libre para el tránsito de productos e información. Internet se define por ser el ámbito de la libertad por antonomasia, ideal libertario donde los halla.

¿Qué pasa si legislamos la red? El problema no estaría tanto en hacer leyes buenas o malas, justas o injustas, sino en que la misma red está hecha para evitar cortapisas. Si ponemos aduanas, la información buscará nuevas rutas para evitarlas. La esencia de la red reside en su radical ingobernabilidad. Y ante esta revolución de las comunicaciones, mucho mayor que la de Gutenberg, la ministra lanza una ley pactada en diez minutos en los pasillos de la Moncloa. La ministra quiere parar un huracán con un paraguas.

Véase La ley Sinde: ¿Qué significa robar?

La ley Sinde: ¿Qué significa robar?

Si yo te robo el coche, hago uso que no es mío y privo a su auténtico dueño del mismo uso. ¿Qué hago cuando me descargo una película? Hago uso de lo que no es mío pero no privo a su auténtico dueño del mismo uso. Es diferente, pero no deja de ser igualmente problemático. Hago uso de lo que no es mío, de lo que otro no tiene por qué querer dejarme. Hasta aquí, aparentemente, la SGAE podría tener razón. Aparentemente.

Para que yo haga uso de algo que no es mío, ese algo ha de ser de otro, es decir, otro la tiene que tener en propiedad. ¿Y qué es la propiedad? Si partimos de que no existe ningún derecho natural que nos haga legítimos propietarios de nada sino que somos los seres humanos los que decidimos a qué tenemos derecho de posesión y a qué no, la decisión de lo que es la propiedad será una decisión política. De este modo, en los regímenes comunistas todo era propiedad del Estado, o en nuestras actuales democracias la tierra es objeto de propiedad pero no el oxígeno ni la aritmética ni el firmamento (de momento. Aunque con las privatizaciones que nos esperan quién sabe).

¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Los objetos intelectuales son diferentes a los objetos físicos. Tienen una característica y es que son fácilmente reproductibles, se pueden copiar sin dificultad. Si yo escribo un libro, nadie puede robarme los documentos en los que yo lo he escrito, el papel que he utilizado, así como nadie debería poder leerlo si yo no quiero. Sin embargo, una vez que lo hago público… ¿si alguien lo copia está violando mi derecho a la propiedad? Depende de como definamos este derecho. ¿Y cómo definirlo entonces?

Como las leyes persiguen el bien social habría que ver la utilidad de definirlo de una manera u otra. El sistema de propiedad intelectual está hecho para que los autores ganen dinero al ceder derechos de uso a otros cuando visualizan, leen o escuchan  sus creaciones. Cuando yo me descargo una película en vez de ir al cine a verla, la película tiene menos ganancias, por lo que el porcentaje de cada entrada que cada uno de los creadores y productores que la han hecho posible reciben, es menor. La industria pierde dinero, por lo que parece razonable sancionar la copia no permitida. De nuevo, hasta aquí, la SGAE parece tener razón. Aparentemente.

¿Pero qué pasa si yo tengo una obra original, pagada por mí, e invito a mis amigos o a quien a mí me de la gana, sin cobrarles un duro, para que la disfruten? Ni siquiera estoy copiando el original, estoy haciendo uso de algo obtenido lícitamente. ¿No es eso lo que hago con un DVD original que compro cuando lo veo en mi sofá con mi novia y mis amigos? Pues bien, exactamente eso es lo que hacen los portales que enlazan contenidos audiovisuales de modo gratuito. Enlazar no es ni siquiera copiar, ¡qué menos robar! Sólo en el caso en que compartir mediante enlaces proporcione beneficios económicos (por medio, por ejemplo, de la publicidad), sólo entonces estaríamos ante un delito. Sin embargo, programas P2P o  portales de enlaces sin ánimo de lucro, no violarían ninguna ley. ¿Sería necesario entonces redefinir la ley de propiedad o hacer una nueva ley para tratar como robo lo que es compartir sin ánimo de lucro? El problema reside en que si lo hacemos… ¿qué página de Internet no contiene enlaces a otras páginas? La esencia misma de Internet está en su forma de red, en su estructura de contenidos enlazados. Si enlazar es robar, Internet entero sería una enorme maquinaria de robo. Bien, ¿y qué sacamos si dejamos las cosas como están o pensamos en una ley diferente?

1. La cultura se hace más asequible a más cantidad de personas. Es un paso hacia democratizar la cultura. Si bien todavía los instrumentos necesarios para tener una conexión a Internet son caros (cosa que también habrá que mejorar), es un paso hacia adelante. Jamás la cultura ha sido tan accesible a tanta gente gracias a la red. Tengamos cuidado a quién hacemos propietario de esa red. Punset lo dice de forma muy bonita en este vídeo.

2. La industria productora de cultura se resiente, es cierto, pero ello no va a eliminar la creación cultural, al igual que la crisis del ladrillo no ha producido que la gente no tenga casas donde vivir. Llevamos ya muchos años de «descargas ilegales» y yo no veo que la producción hollywoodiense haya disminuido. Lo que esto provocará es que la industria tenga que renovarse para hacer frente a una nueva realidad social. Los cantantes tendrán que buscar formas de ganar dinero más allá de la venta de discos (ya ganan mucho en sus giras. Los futbolistas, por ejemplo, viven muy bien de lo que generan sus directos), así como las películas del cine español tendrán que conectar de una vez con el público. Seguramente existen muchas otras formas de hacer rentable la actividad creativa sin que caiga sobre el espectador el peso de la financiación. Por ejemplo, las series o películas que vemos directamente por la televisión no las paga el espectador sino la publicidad, los «patrocinadores».

El computo parece positivo. Por ello nos conviene definir que «compartir sin ánimo de lucro» no es equivalente a «robar».

Una cosa que me da asco y, quizá, la principal razón por la que estoy en contra de la ley Sinde, es que, a sabiendas que el tema es peliagudo y que ambos bandos tienen razones para defender sus posiciones, el gobierno se ha puesto, para variar, del lado de los lobbys de la industria, no de la mayoría ciudadana, mostrando de nuevo que PP y PSOE son exactamente iguales (¿Quiénes son de izquierdas y quiénes de derechas?). Además, cuando la ley les quitaba una vez tras otra la razón, sentencia tras sentencia, no han parado hasta conseguirlo «puenteando» en la medida de lo posible a los magistrados. ¿Pero no vivimos en el imperio de la ley? ¿Qué es eso de legislar a pesar del poder judicial?

Todo el asunto viene además, precedido por el popular canon (del que aún no hay nada claro. ¿Se abolirá en la nueva ley? Según he leído parece que se reducirá pero que no se abolirá por completo), una de las medidas más nefastas de la historia de la democracia. Debido a que una serie de empresas pierden dinero a causa de unos supuestos delincuentes, nos cuelan un impuesto a todo el mundo que se redistribuye a dichas empresas… ¡Pero qué disparate es ese! Es como si yo tengo un kiosko y debido a que vivo en un barrio conflictivo, me atracan mucho. Como los repetidos atracos me hacen tener pérdidas, el gobierno graba un impuesto a toda la ciudadanía cada vez que compran pistolas o navajas para darme a mí lo retribuido y que no me arruine… Alucinante, toda la ciudadanía perjudicada para beneficiar a un grupo de empresas.

(Anexo del día 11 de Febrero). Jesús Mosterín lo dice en un ejemplo mucho mejor que el mío (que releyéndolo me parece bastante malo):

El canon digital es un disparate jurídico: una multa que se impone a todos los compradores de un soporte con el que se podría delinquir, aunque no se delinca. La excusa de esta tasa sobre los materiales de reproducción digital es que los compradores podrían usarlos para copiar contenidos de propiedad ajena. Es como si se dijera que todo comprador de un cuchillo de cocina debe pasar una semana en la cárcel, pues algunos usan los cuchillos para acuchillar al vecino y la policía no siempre puede encontrar a los culpables.

Por último, la ley es una jugada pésima por parte del PSOE. No sólo les va a quitar votos por su impopularidad, sino que tampoco va a parar la «piratería» en la red. Los usuarios volverán a los clásicos P2P o nacerán nuevas páginas para descargarse los contenidos (después de Napster aparecieron Audiogalaxy, Kazaa, Emule, Megaupload…) además de que parece técnicamente complicado el cierre de webs. Internet es mucho más fuerte que esta tibia ley que, intentando contentar a unos y a otros (aunque a unos mucho más que a otros), no soluciona nada.

Un enlace interesante aquí.